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El colectivo de veterinarios de la provincia de León solicitó la creación de un servicio autonómico de salud pública que sirva para «ganar eficiencia» y evitar la dispersión en varias estructuras administrativas de las prestaciones preventivas de salud pública.

«Este servicio regional de salud pública debería tener el mismo rango orgánico que el del Sacyl, es decir, tratarse de un organismo autónomo adscrito a la Consejería competente en materia de sanidad», explicaron los representantes del Sindicato Veterinario de León (Sivele) durante la XXV jornada de trabajo del colectivo, que reunió a cerca de 140 profesionales de la especialidad en presencia del director general de Producción Agropecuaria, Agustín Álvarez.

En ese sentido, reclamaron «el mismo reconocimiento formativo, investigador y laboral» para los profesionales de la salud pública del que gozan en la actualidad los profesionales de la asistencia sanitaria y pidieron que los centros de trabajo en los que desarrollen sus funciones los veterinarios se conviertan en centros sanitarios regulados. En esa línea, los representantes de Sivele reivindicaron su papel como «pieza clave y fundamental en el mantenimiento de la salud pública» y lamentaron la «discriminación en cuanto a recursos y medios» que sufren frente a otros profesionales sanitarios.

Esta integración permitiría, asimismo, desarrollar un sistema de alerta inmediata que permita dar «una respuesta eficaz y precoz» a cualquier amenaza para la salud de la población, activo durante las 24 horas del día, y que ayude a coordinar y gestionar las alertas sanitarias.

Por su parte, el director general de Producción Agropecuaria agradeció a los veterinarios su «búsqueda de la unidad funcional de la cadena alimentaria». Álvarez también destacó los esfuerzos en materia de salud animal que permiten mantener «una alta rentabilidad y un comercio expansivo y muy productivo» en la cabaña ganadera de la Comunidad.

Cuestiones laborales

Respecto a las cuestiones laborales, los veterinarios instaron a la Junta a recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales y denunciaron el «abuso de la temporalidad» en el empleo público en Castilla y León.

Además, los profesionales denunciaron la situación laboral que sufren los veterinarios de los mataderos por carecer de horarios especiales para el desarrollo de sus funciones y disponer de unos ratios de personal de dirección e inspección «que rozan la temeridad».

En esa línea, instaron a la Consejería de Sanidad a retomar la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y a fijar un mínimo de tres veterinarios por instalación en cada uno de los 115 mataderos existentes en Castilla y León, cuyo volumen de sacrificio supera los 80 millones de animales y genera unas tasas de más de nueve millones de euros.

De los 223 veterinarios que trabajan como empleados públicos en la Comunidad, el 52 por ciento están adscritos a la Consejería de Agricultura y Ganadería, el 44 por ciento a la de Sanidad y el tres por ciento restante a la de Medio Ambiente.