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Test masivos a estudiantes de la Universidad de Granada.FERMIN RODRIGUEZ

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“Yo puedo entubar al que venga, pero no puedo hacer que vengan menos. Estamos muy cerca del colapso del sistema sanitario, porque llega un momento en que pierdes el control y el siguiente paso a la transmisión descontrolada es el colapso. Los tiempos de la política siempre son más lentos que los de la realidad, pero vamos con tres meses de retraso y esto se nos va de las manos”. El grito contenido de un médico intensivista de Granada que exige anonimato denuncia la lentitud de la Junta andaluza (PP y Ciudadanos) para adoptar medidas en una ciudad con la expansión del coronavirus disparada: 966 casos por cada 100.000 habitantes, cuando el umbral fijado por el Gobierno para adoptar medidas está en 500.

Semanas después de superar ese tope de 500, el Ejecutivo andaluz ha decretado el toque de queda a partir de este domingo para Granada y 30 municipios de su área metropolitana entre las 23.00 y las 6 de la madrugada, una decisión que está pendiente del aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Pero mientras las decisiones políticas surten efecto, los quirófanos de esta ciudad ya han suprimido el 25% de las operaciones no urgentes por la presión hospitalaria de la covid, que amenaza con ser insoportable ante la curva imparable de contagios. Granada es un foco con todas las alertas en rojo, pero de momento la Junta no ha planteado el confinamiento de sus vecinos, mientras que Burgos por ejemplo está confinada con una tasa acumulada de 551 casos, un poco más de la mitad.

“Hace dos semanas las cifras ya eran muy altas y la Junta, apoyada por el Ayuntamiento, decidió no intervenir en Granada y adoptó la orden equivocadísima de cerrar el campus universitario y no los bares [matizada después al limitar sus horarios]”, censura Joan Carles March, profesor y exdirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública. “500 casos [por cada 100.000 habitantes] ya es una barbaridad, son muchísimos y las decisiones tenían que haber llegado mucho antes. Otros países y ciudades han tomado medidas mucho antes y Granada ha puesto la economía como elemento único, y siempre pierde la salud. Esa visión de que Andalucía iba bien ha generado dinámicas que no han sido buenas en la sociedad, los empresarios y la Junta. Hay una falta de visión global”, censura el experto en salud pública.

Este jueves el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha vuelto a destacar que el Gobierno andaluz “se anticipa” al virus con sus decisiones. “Vienen momentos más difíciles todavía y nos preocupa la escalada de ingresos hospitalarios”, ha admitido, con 1.675 pacientes por covid en los hospitales andaluces, 201 de ellos en las UCI.

En paralelo, la Junta fija el horario de cierre de bares a las 22.00 en Sevilla, Córdoba y Jaén —además de Granada—, una restricción que afecta a más de dos millones de personas, obligadas a mantener la mascarilla puesta mientras estén en bares y restaurantes. Solo se la podrán quitar en el momento de comer o beber y las reuniones quedan limitadas a seis personas en estos establecimientos. Tampoco se podrán desprender de la mascarilla estos dos millones de personas cuando practiquen deporte y haya otras personas alrededor. Los parques, jardines y parques infantiles permanecerán cerrados durante las próximas dos semanas. El aforo de las bodas se limita a 30 personas y los velatorios a 15.

Este jueves Andalucía recibió el mazazo de otros 2.954 nuevos contagiados y 44 fallecidos, con una incidencia acumulada muy alta en estas ciudades: si Jaén se eleva hasta los 482 casos por cada 100.000 habitantes, Córdoba mantiene 441 y Sevilla 370. Andalucía es la comunidad que menos pruebas PCR realiza de todo el país (1.010 por cada 100.000 habitantes, menos de la tercera parte que Navarra, con 3.698 pruebas, según datos del Ministerio de Sanidad). Los rastreadores andaluces dedicados en exclusiva al rastreo son 953, según datos de la Junta, muy lejos de la cifra de 2.000 que recomiendan los expertos [uno por cada 4.000 habitantes]. “Faltan recursos y estamos sobrepasados por las necesidades”, confirma Begoña López, presidenta de la Sociedad Andaluza de Epidemiología (Saepi). El resto hasta llegar a la cifra de 9.000 que difunde el Ejecutivo autonómico son médicos y enfermeros de atención primaria que roban tiempo a otros pacientes para rastrear casos, pero que confiesan que dejan contactos sin llamar, al estar desbordados.

“Estamos peor que en primavera y hay muchas personas que no llamamos, a pesar de que hacemos entre 60 y 80 pacientes, muchos presenciales. Ha habido demoras de hasta ocho días en dar respuesta a las pruebas PCR”, relata María José González, médica en el centro de salud Fuensanta Pérez Quirós en Sevilla. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha admitido este miércoles que la atención primaria está “desbordada”. Durante los últimos meses, el vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), ha promocionado Andalucía como destino turístico y ha repetido que el turismo no multiplica la expansión del virus. Este jueves el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha dicho lo contrario: “Mientras mayor es la movilidad, mayor es la contagiosidad, ese tema lo tenemos clarísimo”.

A pesar de una incidencia acumulada menor de 301 casos por 100.000 habitantes, el peligro latente en Andalucía, con una media diaria de ingresos hospitalarios que ronda los 175 casos, está en el colapso de las UCI para atender a los enfermos críticos. “Hay que informar a la gente de la situación real. Los profesionales están machacados, no pueden más, con calambres en las piernas y ahora tienen que jugar una prórroga”, ejemplifica el médico intensivista de Granada que exige preservar su identidad.

La Junta ha confirmado este jueves que al margen del peligro en las UCI, el colapso en atención primaria no se traducirá en más personal contratado. Es decir, las plantillas de médicos y enfermeros continuarán igual de diezmadas hasta la ansiada llegada de la vacuna el próximo año, según ha admitido Aguirre, que ha alegado que no hay médicos en las bolsas de contratación. En paralelo, la Junta ha ampliado este jueves los conciertos con la sanidad privada para realizar operaciones quirúrgicas por 36 millones.