Una advertencia con nombre propio. La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable al proyecto de real decreto que actualiza los requisitos mínimos de formación veterinaria en España, en línea con las últimas directivas europeas sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. Sin embargo, el organismo consultivo ha aprovechado el informe para formular una crítica de fondo: España lleva más de diez años sin corregir un déficit estructural que coloca a sus veterinarios en una posición de desventaja real frente a sus colegas europeos.
El problema: los títulos españoles no tienen reconocimiento automático en Europa
El Consejo de Estado es especialmente contundente al señalar que España no ha traspuesto todavía las exigencias derivadas de la Directiva 2013/55/UE, destinada precisamente a facilitar el reconocimiento automático de títulos profesionales en la UE. La consecuencia práctica es directa y grave: los veterinarios formados en universidades españolas son los únicos profesionales del sector en toda Europa que no pueden obtener el reconocimiento automático cuando pretenden trabajar fuera de España en países de la UE o del Espacio Económico Europeo. Además, los estudiantes españoles realizan actualmente un 50% menos de horas prácticas que sus homólogos europeos.
Una reforma pendiente y un debate abierto sobre la duración del grado
El dictamen insta al Gobierno a que aproveche esta actualización para "regular correctamente" la formación veterinaria mediante una nueva orden ministerial que corrija los defectos existentes. El sector reclama desde hace tiempo la ampliación del grado de los actuales cinco años a seis, en línea con los estándares europeos, pero el proyecto de real decreto presentado por el Gobierno no recoge esta ampliación. La propuesta sí incorpora contenidos nuevos como el enfoque One Health, la sostenibilidad, la digitalización, la resistencia a los antimicrobianos y las enfermedades transfronterizas. El plazo para que los estados miembros adapten su normativa a la nueva directiva europea expira en abril de 2027.

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