Cinco años después de la pandemia, que trajo consigo una ola de adopciones sin precedentes, el abandono de animales de compañía en España sigue siendo un problema estructural sin resolver. Según los últimos datos disponibles, las protectoras y refugios de animales de todo el país acogieron solo en 2025 a más de 169.000 perros y 116.000 gatos, unas cifras que, lejos de haber descendido con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en 2023, se mantienen en niveles muy similares a los de años anteriores.
La Ley de Bienestar Animal no ha frenado el abandono
La Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, introdujo importantes cambios normativos: obligación de esterilización de los gatos comunitarios, restricción de la venta de animales en tiendas físicas, refuerzo de las sanciones por abandono y mayores exigencias para la cría responsable. Sin embargo, los datos de las protectoras revelan que el abandono sigue estancado, y apuntan a que la norma no ha ido acompañada de los recursos económicos, la educación ciudadana y el desarrollo reglamentario necesarios para producir un cambio real en los comportamientos.
El veterinario, primer testigo y primer eslabón del sistema
Los veterinarios clínicos son habitualmente los primeros en detectar situaciones de abandono, maltrato o negligencia en la tenencia de animales. La obligación de identificación mediante microchip —cuyo registro deben gestionar los propios veterinarios— y el control del censo de animales de compañía son herramientas esenciales para rastrear el origen de los animales abandonados y, en su caso, emprender acciones legales contra los responsables. La primera Guía de Actuación de los Servicios Policiales en Protección Animal, publicada recientemente con participación veterinaria, refuerza los protocolos de coordinación entre policías, protectoras y clínicas en estos casos.
Un problema de fondo que sigue sin resolverse
Los expertos señalan que detrás del abandono hay un problema de fondo ligado a la impulsividad en la adquisición de animales, la falta de educación en tenencia responsable y las dificultades económicas de muchos propietarios. La restricción de la venta en tiendas, aunque bien valorada, no ha eliminado los canales informales de adquisición, donde la ausencia de controles veterinarios y de trazabilidad sigue siendo un problema serio. Las protectoras reclaman más financiación pública, mayor control de las crías ilegales y una apuesta decidida por la esterilización como herramienta de control poblacional.

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