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Alfredo Fernández y Ángel Martín.

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Los dos primeros ponentes, Jiménez Alonso y Ortiz Bueno, hablaron de la responsabilidad profesional veterinaria, tanto en el ámbito civil como penal, y explicaron algunas variantes para los funcionarios públicos en el entorno de la responsabilidad administrativa. Por su parte, la intervención de Fernández Álvarez se basó en una traslación práctica de esos conceptos al ámbito del ejercicio profesional del veterinario, donde se revaluaron los principales conceptos de la responsabilidad civil y penal.

Alfredo Fernández propuso un estudio sobre la evolución de las reclamaciones profesionales en el campo veterinario español durante los últimos cinco años para que los asistentes tuvieran conciencia de cómo está aumentando el número de reclamaciones facultativas en este ámbito, el tipo de comportamiento y el análisis de los escenarios más comunes en los que el veterinario puede recibir una reclamación de tipo profesional.

“Fuimos evaluando lo que eran las posibles reclamaciones en el ejercicio profesional en la indicación terapéutica, en la prescripción de medicamentos, en la aplicación de terapias médicas, en la resolución de tratamientos quirúrgicos, en la convalecencia de los pacientes, etcétera”, señaló el perito.

“Junto a esto desarrollamos la importancia de recuperar los elementos fundamentales en el ejercicio profesional veterinario, no  de una forma de libre elección, sino como un imperativo legal. El veterinario debe acostumbrarse a documentar su ejercicio profesional. La documentación es absolutamente trascendente en el ámbito de la actividad profesional porque todos los documentos  tienen una trascendencia fundamental como medios de pruebas en acciones judiciales, tanto civiles como penales”, añadió.

“Nos referimos a elementos documentales concretos de gran trascendencia, sobre todo los que estaban más involucrados en esas reclamaciones que habíamos presentado en el ejercicio. Entre ellos destacábamos algunos como el papel de los historiales veterinarios, la importancia de las recetas y la prescripción de medicamentos, la importancia del consentimiento informado escrito desde el punto de vista de la traslación de la información al cliente en cualquier ámbito donde pueda existir un riesgo sobre la salud del paciente, fundamentalmente en el proceso de anestesia y cirugía”.

Toda la presentación de estos elementos fundamentales también se hizo con un doble interés: no solo para preservar al profesional  dentro de una buena praxis, sino para advertir a los veterinarios en  los casos donde quieran hacer informes periciales y evaluaciones en la responsabilidad civil y penal.

La ponencia de Alfredo Fernández versó sobre la elaboración del informe pericial, “donde estudiamos cuáles son sus bases y sus fundamentos, cuál es la naturaleza y extensión de este documento. Fundamentalmente propusimos una estructura para el desarrollo de este tipo de documentos con un interés muy práctico basado en la experiencia profesional de los últimos 25 años en el ámbito de la peritación judicial civil y penal”.

En la conclusión de las jornadas se realizó un ejercicio práctico, en el cual se visualizaron algunos procedimiento judiciales en distintos ámbitos con el objeto de ver cómo se comportan los peritos veterinarios, cómo es el papel de su declaración en instancia judicial, cómo son esos escenarios, cómo se debe defender y responder a las cuestiones que allí se generen con el fin de obtener un visionado práctico de la culminación del trabajo pericial tras la elaboración del informe y cómo hacer la defensa en sede judicial.

El número de reclamaciones se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. “De 2012 a 2017 el número de reclamaciones se ha multiplicado por cuatro. El veterinario debe tener conciencia de cuáles son sus responsabilidades en el ejercicio profesional. Primero por una cuestión legal, segundo por una cuestión ética y tercero por interés personal”.

En los cuatro meses analizados, el número de reclamaciones todavía parece ir experimentando una tendencia mucho  más  elevada. “No solo en cuanto al número de reclamaciones sino  también con respecto a su intensidad: las cuantías económicas reclamadas son cada vez más elevadas y los ámbitos de reclamación ya no se circunscriben a una protesta amistosa en la consulta donde se manifiesta en desacuerdo con los servicios profesionales, sino que vienen a través de las oficinas municipales   de información al consumidor o de juzgados de lo civil y lo penal”, concluyó.