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Imagen ayer de la empresa de distribución y manipulación de alimentos clausurada en el polígono Can Matzarí de Inca. Joan Frau

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La empresa del sector de la distribución de productos refrigerados Miguel Socias Soler S.L., ubicada en el polígono Can Matzarí de Inca, permanece clausurada desde hace aproximadamente doce días por presuntamente haber manipulado alimentos que se encontraban próximos a caducar, cambiarles el etiquetado y revenderlos a sus clientes, según ha podido saber este diario de fuentes fidedignas.

Al parecer, la empresa habría manipulado alimentos próximos a caducar, básicamente quesos, patés y fiambres, reconvirtiéndolos en queso rallado o en productos bajo otros formatos, cambiándoles el etiquetado y volviéndoles a comercializar evitando de esta manera las pérdidas que les habría supuesto su eliminación al no ser ya aptos para el consumo humano.

Este tipo de prácticas no serían nuevas en la isla. El departamento de seguridad alimentaria, adscrito a la dirección general de Salud Pública, cerró hace un par de años, en una operación en la que participaron agentes de la Policía Nacional, entre seis y siete establecimientos por haber realizado prácticas similares.

Un inspector de este departamento que se habría especializado en descubrir estas prácticas fraudulentas muy difíciles de detectar, realizó hace unos días una visita rutinaria a la nave industrial de Inca donde presuntamente se estaban realizando manipulaciones similares y habría visto algún indicio sospechoso.

Tres formatos diferentes

Así que regresó inesperadamente en otro momento a la empresa y vio un alimento, un queso, con tres formatos diferentes: con la etiqueta original, con el nuevo envoltorio y la nueva fecha de caducidad y sin ningún tipo de etiquetado.

Con esta prueba, inspectores de seguridad alimentaria acudieron a la nave industrial hace un par de semanas acompañados por agentes de la Guardia Civil y procedieron a clausurar la empresa por orden judicial, situación en la que se encuentra todavía mientras el juzgado de Inca depura las correspondientes responsabilidades.

La inmensa nave industrial donde se realizaban estas presuntas prácticas ilegales permanecía ayer clausurada y el caso está siendo investigado por un juzgado de Inca al poder ser constitutivos los hechos de un delito contra la salud pública.

Un delito para el que el código penal establece "penas de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a doce meses e inhabilitación para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años de los productores,disribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores".

El prolongadocierre de esta empresa, dedicada al comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles, al parecer estaría provocando problemas de desabastecimiento entre los restaurantes y hoteles de la comarca de es Raiguer a los que proveía.

Para hacerse una idea del tamaño de la empresa investigada, que estaría autorizada tanto a la distribución como a la manipulación de alimentos, basta con acceder a los datos manifestados por ella misma: constituida el 19 de diciembre de 1991, cuenta con entre 11 y 50 empleados y declara una facturación anual 2,5 millones de euros.

En el momento de realizar la fotografía que ilustra esta información, durante la jornada de ayer, las oficinas de la empresa permanecían abiertas pero la nave donde habitualmente desarrollaba su actividad permanecía clausurada a cal y canto.