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Muchos son los que acuden desde todos los rincones del globo a El Capricho, el restaurante-bodega de José Gordón en Jiménez de Jamuz (León) que casi todas las cabeceras nacionales e internacionales han tildado de vender “la mejor carne del mundo”, para degustar los chuletones de buey que ellos mismos seleccionan, sacrifican, despiezan y maduran.

Pero su buena fama no les exime de cumplir la normativa, y a día de hoy, según adelanta la información de La Nueva Crónica, tienen pendiente de pago una sanción de 15.000 euros por infracción administrativa de naturaleza grave. Todo comenzó en diciembre de 2012, cuando una inspección realizada por el Seprona de la Guardia Civil –en el marco de la operación Opson II– inmovilizó 2.800 kilos de carne de la empresa Cecinas y Carnes de Buey El Capricho SL por sospecha razonable de riesgo para la salud pública.

1.800 kilos de estas carnes rojas de buey o vaca se intervinieron en las instalaciones de una empresa de almacenamiento y transporte ajena a la firma por no tener marca de salubridad, por ausencia de fecha de caducidad o consumo preferente e incluso por considerarlas caducadas.

Posteriormente, en una segunda inspección a la bodega El Capricho, se inmovilizaron los 1.000 kilos restantes, tras comprobarse que no se cumplían las normativas de sanidad respecto al proceso de congelación y refrigeración de la carne.

La firma, que vende sus productos en tienda física y online, trató de aportar documentación para verificar que la carne se había congelado previamente en un matadero frigorífico de Zamora, pero tras comprobaciones de la Guardia Civil, resultó que el matadero no tenía autorización para el congelado de la carne.

Por todo esto y por no poder garantizar la trazabilidad de la carne inmovilizada, el Tribunal de Justicia de Castilla y León, atribuyó a la empresa una multa de 15.000 euros que aún está pendiente de pago.

Aunque Gordón negaba en declaraciones a La Nueva Crónica que la sanción estuviera vigente –“Yo no tengo nada que decir, se pagó la sanción”, decía el propietario–, señalando a la sociedad Cárnicas Carrobierzo – nombre que adoptó Cecinas y Carnes de Buey El Capricho SL en 2013, tras los hechos– como última responsable.

Además, la resolución contempla la destrucción de los productos intervenidos (los 2.800 kilos de carne), aunque todavía está pendiente que se pronuncie el juzgado, pues la inspección ha derivado en un procedimiento penal en el que se acusa a la empresa de El Capricho de falsedad documental.